Una orden judicial llevó a la movilización de autoridades en la supermanzana 44; los residentes acataron el mandato sin incidentes.
La mañana de este viernes, autoridades municipales y estatales, en colaboración con un actuario judicial, llevaron a cabo el desalojo de 24 departamentos ubicados en un edificio entre la calle Venus y la avenida Kabah, en Cancún. La acción fue resultado de un mandamiento judicial que exigía el retiro de los ocupantes, al no poder acreditar la propiedad de los inmuebles.
El operativo se realizó en la supermanzana 44, donde elementos de la policía brindaron apoyo para garantizar el cumplimiento de la orden judicial. Los residentes afectados señalaron que muchos llevaban más de 15 años habitando en el lugar, pero no contaban con los documentos legales que los reconocieran como propietarios legítimos, lo que derivó en la solicitud de desalojo.
Protocolo preventivo y presencia de autoridades
Ante la posibilidad de resistencia por parte de los ocupantes, el equipo de actuarios solicitó la presencia de fuerzas policiales. Como parte del protocolo, se movilizó una ambulancia y al Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), en caso de que la situación involucrara a menores de edad o familias en condiciones vulnerables.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) estuvo presente para supervisar que el proceso se realizara conforme a la orden judicial y garantizar que no se vulneraran los derechos de los desalojados.
Un desalojo sin incidentes
A pesar de las tensiones que suelen acompañar este tipo de procedimientos, el desalojo se desarrolló de manera pacífica. Los habitantes de los departamentos acataron la orden y se retiraron del lugar sin que se registraran enfrentamientos o disturbios.
El cumplimiento de esta orden judicial marca un capítulo complejo para las familias que habitaban el edificio, quienes ahora enfrentan la incertidumbre sobre su situación habitacional tras más de una década en el sitio. Sin embargo, las autoridades destacaron que el proceso se llevó a cabo de manera ordenada y sin contratiempos.
El caso pone en evidencia la importancia de contar con documentación legal que acredite la propiedad de los inmuebles, una situación que afecta a muchos habitantes de la región y que, en este caso, culminó con el retiro forzoso de las viviendas.
