El incremento en los cobros por turista amenaza con alejar a los cruceros de destinos como Cozumel y Costa Maya, generando preocupación en la industria turística.
La industria de cruceros enfrenta un cambio potencial en sus rutas ante la inminente implementación de un cobro de 860 pesos (aproximadamente 42 dólares) por crucerista en México a partir de 2025. Este nuevo derecho, contemplado en la Ley Federal de Derechos, podría convertir a destinos como Cozumel en los más costosos para las navieras, al sumar un total de 70 dólares por visitante. La medida ha generado preocupación entre los operadores, quienes ya analizan opciones para mitigar su impacto.
Michele Paige, directora ejecutiva de la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA), señaló que las 23 compañías miembro están revisando sus itinerarios para evitar exponer a sus clientes a un gasto que consideran excesivo. Según Paige, la industria ya solicitó al gobierno de Quintana Roo una pausa en el cobro adicional de cinco dólares por crucerista, que también entraría en vigor en 2025.
“Con estos cambios, México se vuelve menos competitivo en comparación con otros destinos del Caribe. Por ejemplo, Jamaica tiene un cobro de solo 20 dólares, lo que hace que el impuesto eleve los costos en un 213% en promedio, considerando lo que se cobra actualmente en la región”, explicó.
El aumento también afectará a otros puertos del país. En Costa Maya, el cobro pasará de 19 a 61 dólares por crucerista, mientras que en Mazatlán el incremento será de 16 a 58 dólares. Estas cifras representan un desafío importante para una industria que ya tiene comprometidos gran parte de sus itinerarios para 2025.
Paige destacó que este cambio no solo eleva los costos para las navieras, sino que afecta directamente a los turistas, quienes tendrán poco margen para planificar y absorber el gasto adicional. “La mayoría de los vacacionistas ya han reservado y pagado sus cruceros, por lo que estos nuevos impuestos resultan un golpe financiero significativo para ellos”, señaló.
Además, la FCCA criticó la falta de consenso en la implementación de estas medidas. Según Paige, en un encuentro reciente con la Secretaría de Turismo federal, se les informó que el impuesto entraría en vigor en 2026. Sin embargo, pocos días después, las autoridades de migración confirmaron que la aplicación sería a partir de 2025, generando confusión y un ambiente de incertidumbre para la industria.
“Este tipo de decisiones abruptas y significativas obligan a nuestras líneas miembro a priorizar el bienestar de sus huéspedes, buscando alternativas para protegerlos de estos aumentos inesperados”, añadió.
Mientras tanto, la posibilidad de que las navieras omitan puertos mexicanos de sus itinerarios plantea un panorama complejo para destinos turísticos como Cozumel y Costa Maya, que dependen en gran medida del arribo de cruceros. Las próximas semanas serán cruciales para definir el futuro de esta industria en México y el impacto que estas medidas tendrán en la economía turística del país.
