Agentes de Investigación de la Fiscalía General del Estado detuvieron este viernes a Isidro Santamaría Casanova a las afueras del Poder Judicial de la Federación. La aprehensión ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana sobre la avenida Andrés Quintana Roo, justo en la zona de los Juzgados Orales.
El líder de la CTM en Quintana Roo se encontraba acompañado de su abogado, cumpliendo con su firma periódica derivada de un proceso previo por trata de personas. Fue en ese momento cuando agentes ministeriales ejecutaron la orden de aprehensión correspondiente a un caso distinto.
Motivo de la orden de captura y contexto legal
De acuerdo con información preliminar, la orden se originó a partir de una denuncia presentada el 27 de junio por una mujer que aseguró haber escuchado al dirigente ordenar, hace siete años, la localización del trabajador Luis Fernando Peón Cardín para exigirle la devolución de joyas y dinero presuntamente robados.
Según el testimonio, de negarse, habría instruido que “lo mataran”. Este señalamiento fue considerado esencial para que un juez liberara la orden judicial.
La defensa del líder de la CTM en Quintana Roo sostiene que su arresto contradice una suspensión provisional que debía impedir su detención, lo que podría constituir un acto de desacato por parte de la Fiscalía.
Traslado al Cereso y resguardo de autoridades
Tras su detención, el dirigente sindical fue trasladado inicialmente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado ubicadas sobre avenida Huayacán. Posteriormente, fue llevado al Centro de Reinserción Social (Cereso), donde quedó bajo resguardo.
Versiones indican que hacia las 11:25 de la mañana ya se encontraba ingresado y a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.
Antecedentes recientes y reacción sindical
Días antes, el dirigente estuvo a punto de ser detenido fuera de las oficinas de la CTM, pero logró resguardarse dentro del edificio. Este hecho generó tensión entre agremiados y autoridades.
La CTM Quintana Roo difundió imágenes del momento en que el líder firmaba documentos dentro del juzgado minutos antes de su aprehensión. Su equipo legal insiste en que el aseguramiento fue ilegal y que el amparo otorgado debía mantenerlo en libertad mientras el proceso continuaba.
Se espera que la Fiscalía General del Estado emita un comunicado oficial para aclarar el estatus legal del caso.
