De acuerdo con los primeros reportes, el crimen ocurrió alrededor de las 17:00 horas del jueves, cuando las víctimas viajaban en una camioneta tipo pick-up de doble cabina a la altura de la comunidad de Colola.
Las víctimas fueron interceptadas y atacadas presuntamente por hombres armados, lo que generó una fuerte movilización y posteriormente protestas por parte de habitantes de la comunidad indígena de Pómaro.
Carretera Michoacán-Colima permanece cerrada
Tras los hechos violentos, pobladores instalaron bloqueos sobre la carretera federal 200, en el tramo Lázaro Cárdenas-Manzanillo, donde incendiaron al menos una patrulla de la Policía Municipal de Aquila.
Horas más tarde, durante este viernes, indígenas nahuas también tomaron e incendiaron un autobús de pasajeros para exigir justicia y la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado.
En medio de las protestas por la carretera Michoacán-Colima, habitantes señalaron que las movilizaciones continuarán hasta obtener respuestas claras sobre el asesinato de los comuneros y del maestro de educación básica.
Víctimas impulsaban autogobierno indígena
Dos de las personas asesinadas fueron identificadas como Jerónimo García Flores y Lucas Flores Tolentino, quienes se desempeñaban como encargado jurídico y tesorero de la comunidad indígena de Pómaro.
Ambos participaban activamente en proyectos relacionados con el autogobierno indígena dentro de la región. La tercera víctima fue un profesor recientemente asignado a la zona.
Comunidad lanza acusaciones contra alcalde
Habitantes de Pómaro acusaron públicamente a José María Valencia Guillén, alcalde de Aquila, de presuntamente estar relacionado con el ataque armado.
Según versiones de los pobladores, existirían diferencias derivadas de la implementación del autogobierno indígena impulsado en la comunidad.
La tensión en la región aumentó debido a que la carretera Michoacán-Colima conecta una de las zonas estratégicas de la costa del Pacífico, donde grupos criminales mantienen disputas por el control de rutas utilizadas presuntamente para el tráfico de drogas.
Región enfrenta presencia de grupos criminales
Autoridades federales han identificado que en la zona operan organizaciones criminales que buscan controlar el litoral para actividades ilícitas relacionadas con el trasiego de cocaína proveniente de Sudamérica y Centroamérica.
Informes de seguridad también señalan que algunas Policías Comunitarias de Aquila y Coahuayana continúan operando sin registrar formalmente a sus elementos ni armamento ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
