Pensionados de la Cámara de Diputados cerraron las entradas y salidas del recinto legislativo para exigir la recuperación de una prestación mensual suspendida desde abril. Mauricio Farah rechazó las condiciones de la protesta y argumentó que mantener el beneficio resulta económicamente inviable.
Una nueva protesta de jubilados sindicalizados de la Cámara de Diputados provocó el cierre de los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro durante varias horas del jueves 19 de noviembre de 2026, después de que una reunión con autoridades parlamentarias terminara sin acuerdos.
La movilización dejó a numerosos trabajadores y visitantes sin posibilidad de entrar o salir normalmente del inmueble, mientras algunos asesores legislativos intentaron atravesar las vallas de seguridad para abandonar las instalaciones.
Cámara de Diputados enfrenta nuevo bloqueo de jubilados
El conflicto se intensificó aproximadamente a las 15:15 horas, cuando representantes de los pensionados decidieron cerrar los accesos al recinto legislativo.
La medida se tomó después de una reunión con autoridades de San Lázaro, en la que los manifestantes esperaban obtener compromisos por escrito sobre sus demandas económicas.
Sin embargo, el encuentro terminó sin una solución aceptada por ambas partes.
Los jubilados señalaron que las autoridades habían mostrado disposición para escucharlos, pero consideraron insuficientes las respuestas recibidas.
Ante esa situación, acordaron mantener la protesta hasta conseguir una respuesta concreta.
Exigen recuperar prestación mensual suspendida desde abril
Una de las principales demandas de los inconformes es la restitución de un apoyo económico mensual que dejaron de recibir el 15 de abril.
El reporte de Latinus identifica la cantidad reclamada en 11 mil 999 pesos, mientras que otros informes periodísticos señalan un monto de 11 mil 992.46 pesos.
Los manifestantes sostienen que se trata de una prestación que recibían como parte de sus beneficios laborales.
También acusaron a las autoridades de incumplir compromisos establecidos durante una protesta anterior, realizada el 4 de noviembre.
Según los representantes de los jubilados, después de aquella movilización se había acordado sostener una reunión el jueves 12 de noviembre, pero el encuentro no se concretó en la fecha prevista.
Este antecedente aumentó la inconformidad y motivó que los pensionados exigieran garantías escritas antes de retirarse.
Manifestantes se sujetan con cinta a oficinas legislativas
Durante la protesta, Alejandra Almorejo, representante de los jubilados, decidió utilizar cinta adhesiva para sujetarse a una de las puertas de las oficinas de la presidencia de la Cámara.
La manifestante explicó que permanecería en ese lugar hasta recibir una respuesta satisfactoria a las peticiones del grupo.
Otros pensionados se sumaron a la acción y también se colocaron cinta alrededor del cuerpo.
La protesta ocurrió cerca de las oficinas de Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva, quien había participado en la reunión con los inconformes.
Almorejo sostuvo que, aunque existió la oportunidad de dialogar, no se alcanzaron compromisos que permitieran resolver el conflicto.
Mauricio Farah rechaza presión durante negociaciones
Después de que se cerraran las instalaciones, Mauricio Farah, secretario general de la Cámara, ofreció declaraciones a medios de comunicación para explicar la postura de las autoridades legislativas.
El funcionario cuestionó la decisión de bloquear los accesos como mecanismo de presión.
Mediante una comparación, señaló que no era posible desarrollar una negociación adecuada cuando una de las partes imponía condiciones mediante el cierre del recinto.
Farah aseguró que la Secretaría General mantenía disposición para conversar, pero rechazó que se impidiera la salida de trabajadores y visitantes.
También sostuvo que la prestación económica reclamada por los jubilados resultaba difícil de mantener debido a las condiciones presupuestales de la institución.
Estas declaraciones reflejaron el desacuerdo entre los representantes de los pensionados y la administración legislativa.
Secretario general expone ingresos de trabajadores sindicalizados
Durante su intervención, Farah también habló sobre las condiciones salariales de los empleados sindicalizados que permanecen en activo.
Según el funcionario, desde 2018 se han aplicado medidas de reducción de gastos en la Cámara, mientras que las remuneraciones de algunos trabajadores sindicalizados han registrado incrementos.
Afirmó que actualmente existen empleados con percepciones netas promedio cercanas a los 67 mil pesos mensuales, con casos que superan los 70 mil pesos.
Además, explicó que ciertos trabajadores reciben reconocimientos económicos por antigüedad cada cinco años.
De acuerdo con sus declaraciones, durante los periodos en que se entregan estos beneficios algunas percepciones podrían alcanzar entre 115 mil y 120 mil pesos netos.
Las cantidades fueron mencionadas por el secretario general como parte de su explicación presupuestal, aunque el reporte no incluye documentos de nómina que permitan corroborar individualmente esos montos.
Trabajadores intentan salir saltando las vallas
Mientras continuaba el bloqueo, numerosos empleados de San Lázaro enfrentaron dificultades para desplazarse.
Algunas personas habían salido a comer antes del cierre, mientras otras permanecían dentro de sus oficinas o habían acudido al Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) por sus hijos.
Conforme transcurrieron las horas, varios asesores parlamentarios comenzaron a buscar alternativas para atravesar las barreras instaladas alrededor del recinto.
Algunos consiguieron pasar entre los barrotes, mientras otros intentaron brincar las estructuras con ayuda de sus compañeros.
Las maniobras se realizaron en puntos cercanos a la calle Emiliano Zapata y la avenida Congreso de la Unión.
La situación generó momentos de tensión entre trabajadores y personal encargado de la seguridad legislativa.
Asesores denuncian presuntas irregularidades presupuestales
Durante los intentos por abandonar las instalaciones, algunos trabajadores expresaron inconformidad con el manejo de los recursos públicos.
Un asesor identificado como Raúl Alejandro manifestó su apoyo a los jubilados y acusó a Morena de presuntas irregularidades relacionadas con recursos del sindicato.
Por su parte, Francisco Núñez, asesor de la vicecoordinación del grupo parlamentario de Morena, también cuestionó la actuación de las autoridades.
Núñez protagonizó un intercambio con un elemento de seguridad legislativa cuando intentaba atravesar una de las barreras.
El trabajador expresó su desacuerdo con las decisiones administrativas y realizó acusaciones sobre un supuesto manejo irregular de recursos públicos.
Sin embargo, los señalamientos de ambos asesores no fueron acompañados de pruebas documentales dentro del reporte, por lo que deben considerarse acusaciones personales y no hechos acreditados.
Ricardo Monreal respalda actuación de Mauricio Farah
El presidente de la Cámara, Raúl Bolaños-Cacho, permaneció durante parte de la reunión inicial con los representantes de los jubilados.
Según el reporte, tuvo que retirarse para atender otros compromisos relacionados con sus actividades legislativas.
Mauricio Farah continuó participando en la negociación, mientras otras autoridades también abandonaron el encuentro por compromisos previamente establecidos.
Entre los funcionarios mencionados se encontraba Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, quien expresó su respaldo al secretario general.
El apoyo se produjo mientras la administración legislativa defendía su postura sobre la inviabilidad económica del beneficio reclamado.
Retiran bloqueo después de varias horas de protesta
Alrededor de las 19:30 horas, después de una comunicación entre Alejandra Almorejo y Raúl Bolaños-Cacho, comenzaron las gestiones para poner fin al cierre de las instalaciones.
La representante de los pensionados informó que existía disposición de revisar nuevamente sus peticiones.
Posteriormente, ofreció una






