Empleados de juzgados y tribunales federales suspendieron actividades en distintos estados del país para exigir que se retire un acuerdo que establece evaluaciones periódicas y que, según los inconformes, podría poner en riesgo su estabilidad laboral.
Trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro indefinido durante los primeros minutos de este viernes 6 de noviembre de 2026, en rechazo a un nuevo mecanismo de evaluación establecido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que contempla revisar el desempeño del personal cada dos años.
La movilización comenzó en instalaciones judiciales de la Ciudad de México y se extendió a diferentes entidades, donde los empleados manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias de los resultados de estos exámenes.
Poder Judicial enfrenta protestas por nuevas evaluaciones
El conflicto surgió después de que el 5 de noviembre se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo relacionado con la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.
Patricia Aguayo, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, encabezó una manifestación frente al edificio de San Lázaro, acompañada por aproximadamente 100 trabajadores inconformes.
La representante explicó que el rechazo se debe a que las disposiciones fueron difundidas sin previo aviso y, desde la perspectiva del personal, podrían afectar derechos adquiridos y la permanencia en sus puestos.
Los manifestantes sostienen que no están en contra de ser evaluados, sino de que los resultados puedan utilizarse para separarlos de sus cargos o cambiarlos a otras áreas.
De acuerdo con los trabajadores, la finalidad de estos procedimientos debería ser identificar necesidades de capacitación y mejorar el desempeño institucional, sin comprometer su estabilidad laboral.
¿Cómo funcionarían los nuevos exámenes laborales?
Antes de colocar cadenas en las puertas principales del Palacio de Justicia, Aguayo explicó las consecuencias que, según su interpretación del acuerdo, podrían enfrentar quienes obtengan resultados desfavorables.
La representante señaló que los empleados tendrían dos alternativas si no consiguen una evaluación satisfactoria: presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de Disciplina Judicial o realizar un examen extraordinario.
También cuestionó que no exista claridad sobre los tiempos en los que se resolverían las inconformidades presentadas por el personal.
Según lo expuesto por los manifestantes, los resultados determinarían distintos periodos de permanencia en el cargo.
Quienes obtengan una calificación favorable recibirían una constancia de permanencia por dos años, mientras que aquellos con un desempeño medianamente satisfactorio tendrían garantizado un año adicional de trabajo.
En caso de recibir una evaluación negativa, los empleados temen que puedan ser despedidos sin que se considere su antigüedad dentro de la institución.
Empleados temen perder décadas de antigüedad
Durante la protesta, Patricia Aguayo expresó su preocupación por las consecuencias que el nuevo sistema podría representar para quienes han dedicado gran parte de su vida profesional al servicio judicial.
La secretaria señaló que cuenta con aproximadamente 24 o 25 años de trayectoria y que, bajo las condiciones que cuestiona, podría enfrentar la posibilidad de perder su empleo.
La inconformidad también está relacionada con los cambios registrados dentro de la institución después de la elección del nuevo Poder Judicial, realizada el año anterior.
Los manifestantes consideran que las evaluaciones podrían utilizarse para liberar puestos y permitir la incorporación de personas cercanas a los actuales responsables de la administración judicial.
Entre las plazas que, según sus señalamientos, podrían verse afectadas se encuentran las de secretarios, actuarios y oficiales judiciales.
Estas acusaciones corresponden a las preocupaciones expresadas por los trabajadores y no constituyen hechos comprobados sobre las intenciones de las autoridades.
Protestas se extienden a distintos estados del país
La suspensión de actividades se ha reportado en juzgados y tribunales de diferentes regiones de México, donde trabajadores se sumaron al rechazo de las nuevas disposiciones.
Entre las entidades mencionadas se encuentran Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco.
En la Ciudad de México también se registraron protestas en las sedes judiciales de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.
Los trabajadores señalaron que el paro permanecerá vigente mientras no exista una respuesta a sus inconformidades y se abra un proceso de diálogo con las autoridades del organismo.
Exigen retirar el acuerdo y abrir negociaciones
Los empleados solicitaron al Órgano de Administración Judicial dejar sin efectos el acuerdo publicado el 5 de noviembre y elaborar una nueva propuesta centrada en la capacitación laboral.
Insistieron en que están dispuestos a participar en evaluaciones de desempeño, siempre que estas tengan como objetivo fortalecer sus capacidades profesionales y no se conviertan en un mecanismo que pueda provocar despidos.
Por su parte, el OAJ aseguró este viernes que la primera evaluación, prevista para diciembre de 2026, tendrá carácter diagnóstico y no ocasionará la pérdida de plazas ni consecuencias individuales sobre la permanencia laboral.
Sin embargo, los trabajadores mantienen su inconformidad ante el mecanismo de evaluación y las posibles consecuencias futuras que consideran contempladas en las nuevas disposiciones.
El paro de actividades en el Poder Judicial continuará, de acuerdo con los manifestantes, hasta que se establezca un diálogo con el organismo y se atienda su solicitud de modificar el acuerdo.
