El conflicto por el suministro de agua en Quintana Roo ha dado un giro crucial: Aguakán pierde amparo y se allana el camino para que el estado retome el control del vital líquido. Esta decisión, emitida por el Juzgado Octavo de Distrito de Cancún, valida el decreto aprobado por el Congreso estatal en 2023, que retiró la concesión a la empresa Aguakán en cuatro municipios clave, entre ellos Cancún y Playa del Carmen.
Declaración judicial fortalece la decisión del Congreso
El fallo judicial representa un hito en el litigio entre el gobierno estatal y Aguakán. El Congreso de Quintana Roo había argumentado que la empresa incumplió su contrato y provocó afectaciones ambientales, como derrames de aguas negras, además de fallar en su compromiso de modernizar la infraestructura hidráulica.
Esta resolución es vista por el gobierno como un paso firme en su intento por recuperar el control de los servicios públicos y responder a las constantes quejas ciudadanas. Aguakán pierde amparo, pero aún conserva una suspensión definitiva obtenida en enero de 2024, la cual sigue vigente hasta que se ejecute la sentencia del amparo.
Los antecedentes de la concesión cuestionada
La concesión que hoy genera polémica fue ampliada hasta 2053 durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo hoy preso por delitos relacionados con la función pública. La extensión incluyó el desembolso de más de mil millones de pesos en garantías por parte de la empresa a dependencias estatales, recursos que hasta hoy no se sabe con certeza dónde terminaron.
Los señalamientos por falta de transparencia en el proceso de concesión y la creciente inconformidad social abonaron a que los legisladores locales tomaran la decisión de revocarla.
El impacto del fallo en los municipios afectados
Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), Isla Mujeres y Puerto Morelos son los municipios que Aguakán atendía y que, de ejecutarse la sentencia, pasarían a manos del estado o de un nuevo operador. Esta resolución, que marca que Aguakán pierde amparo, podría significar un cambio radical en la gestión del agua en estas regiones, cruciales para el turismo nacional e internacional.
Posible recurso legal ante tribunales superiores
Aunque el fallo representa una victoria para el gobierno de Quintana Roo, la batalla legal aún no ha concluido. La empresa cuenta con un plazo de 10 días hábiles para interponer un recurso de revisión que podría llevar el caso a tribunales superiores.
De seguir el proceso, aún pasarán meses antes de que la concesión quede formalmente revocada y se ejecute la sentencia. Esto mantiene en suspenso la operación del servicio de agua potable en los municipios afectados.
Aguakán denuncia hostigamiento jurídico
En febrero, la empresa calificó como “presunto hostigamiento jurídico” el actuar del gobierno de Mara Lezama Espinosa, quien rechazó estas acusaciones públicamente. No obstante, la mandataria ha reiterado su postura de priorizar el bienestar ciudadano frente a intereses particulares.
La gobernadora ha defendido la legalidad del proceso y ha enfatizado que la lucha no es contra una empresa, sino en defensa del derecho al agua y la calidad de vida de los quintanarroenses.
Cargos penales contra socios y directivos de Aguakán
El año pasado, el gobierno del estado interpuso una denuncia penal por lavado de dinero contra socios y directivos de Aguakán. Estos deberán comparecer en mayo ante un juez de control federal, en una audiencia clave para determinar su situación jurídica.
Este proceso legal se suma al escándalo financiero derivado de la ampliación de la concesión, donde el destino de más de mil millones de pesos sigue sin aclararse ante la opinión pública.
