El exmandatario paraguayo permanece bajo prisión preventiva después de su destitución mediante un juicio político. La Fiscalía investiga su presunta intervención en operaciones financieras relacionadas con Ueno Bank y el depósito de recursos de instituciones públicas.
El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, podría recibir una condena de hasta 15 años de cárcel si se comprueban las acusaciones en su contra por presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank, institución financiera intervenida tras una crisis que también provocó repercusiones en el gobierno del país sudamericano.
El Ministerio Público explicó el miércoles 11 de noviembre que el exjefe de Estado enfrenta señalamientos por más de un posible delito, mientras permanece recluido preventivamente en una instalación militar de Asunción.
Santiago Peña podría recibir condena de hasta 15 años
La fiscal Verónica Valdez informó durante una conferencia de prensa que las imputaciones formuladas contra el exmandatario contemplan una posible pena máxima de 15 años de privación de libertad.
La funcionaria explicó que la estimación responde a la existencia de varias conductas presuntamente delictivas dentro del mismo expediente.
Sin embargo, aclaró que el marco de sanciones podría modificarse si las autoridades cambian la clasificación jurídica de los hechos investigados.
La pena mencionada constituye únicamente una posibilidad legal y no significa que el exmandatario ya haya recibido una sentencia condenatoria.
Peña, de 47 años, asumió la Presidencia de Paraguay en 2023 y perdió el cargo el viernes 6 de noviembre de 2026, después de que el Senado resolviera destituirlo mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones.
La decisión estuvo relacionada con la controversia provocada por las operaciones de Ueno Bank y las posibles responsabilidades de funcionarios públicos.
Fiscalía también investiga a otras 27 personas
El caso no se limita a la participación del antiguo jefe del Ejecutivo.
De acuerdo con el Ministerio Público, otras 27 personas vinculadas con Ueno Bank y empresas relacionadas también se encuentran bajo investigación.
Entre los señalados figuran ocho exdirectivos de la institución financiera, quienes podrían enfrentar sanciones penales si se acreditan los delitos que les atribuyen.
El fiscal Francisco Cabrera explicó que, en el caso de estos antiguos responsables del banco, las acusaciones actuales contemplan una posible condena máxima de 12 años.
No obstante, precisó que las sanciones dependerán de las pruebas reunidas y de la calificación definitiva de las conductas investigadas.
Las autoridades continúan con las diligencias destinadas a determinar la participación individual de los involucrados.
Investigan presunto manejo irregular de fondos públicos
Uno de los principales aspectos de la investigación está relacionado con el destino de importantes cantidades de dinero pertenecientes a instituciones estatales.
Según la imputación fiscal, Peña habría participado en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de recursos públicos y previsionales dentro de Ueno Bank.
Las autoridades buscan esclarecer si esas operaciones se realizaron conforme a las obligaciones legales y administrativas aplicables.
El Ministerio Público atribuye al expresidente una presunta participación como instigador en el delito de lesión de confianza.
Además, lo investiga como supuesto autor de administración en provecho propio.
Estas imputaciones deberán ser evaluadas durante el proceso penal, en el que corresponderá a la Fiscalía demostrar los hechos denunciados.
Exmandatario tenía inversiones vinculadas al grupo financiero
La investigación también incluye los antecedentes económicos de Peña con el conglomerado empresarial relacionado con el banco intervenido.
De acuerdo con los documentos fiscales, el antiguo presidente había mantenido una participación accionaria en Ueno Holding, grupo que forma parte de las empresas del Grupo Vázquez.
Esa participación equivalía al 1.58% del capital de la compañía.
Asimismo, las autoridades señalaron que tenía un certificado de depósito de ahorro en Ueno Bank y un bono emitido por Itti, otra empresa del mismo grupo corporativo.
Estos vínculos financieros forman parte de los elementos examinados para establecer si existió algún conflicto de intereses durante su gestión presidencial.
La acusación presentada por legisladores que impulsaron su juicio político señala que Peña vendió sus acciones en el conglomerado en marzo de 2025, cuando ya ejercía la Presidencia.
La investigación busca determinar si las relaciones económicas anteriores tuvieron alguna influencia en las decisiones relacionadas con fondos públicos.
Juez ordenó que permanezca bajo prisión preventiva
Después de su destitución, Santiago Peña fue detenido y compareció ante representantes del Ministerio Público el sábado 7 de noviembre.
Durante esa jornada, la Fiscalía formalizó las imputaciones relacionadas con el caso y solicitó medidas cautelares.
El juez Humberto Otazú, especializado en delitos económicos, resolvió que el exmandatario debía permanecer bajo prisión preventiva para garantizar su participación en el procedimiento judicial.
La autoridad dispuso que permaneciera recluido en una unidad militar de Asunción, identificada como el Regimiento Guardia Presidencial.
La medida tiene carácter cautelar y no representa una resolución definitiva sobre las acusaciones.
El exmandatario deberá continuar sujeto al proceso mientras las autoridades judiciales analizan los elementos presentados.
Crisis de Ueno Bank mantiene abiertas investigaciones
La situación judicial del expresidente forma parte de las consecuencias políticas y financieras derivadas de la intervención de Ueno Bank.
El caso ha provocado investigaciones contra antiguos directivos, revisión de operaciones relacionadas con recursos públicos y cambios dentro de las instituciones gubernamentales.
En el proceso contra Peña, las autoridades deberán esclarecer si existieron decisiones contrarias a la ley que favorecieran intereses particulares.
También será necesario determinar la responsabilidad de cada una de las personas señaladas en las investigaciones.
Por ahora, la Fiscalía mantiene una expectativa de hasta 15 años de prisión para el expresidente, mientras los antiguos directivos investigados podrían enfrentar penas de hasta 12 años.
El futuro judicial de Santiago Peña dependerá de las pruebas presentadas y de las decisiones de los tribunales paraguayos, sin que hasta el momento exista una sentencia penal definitiva en su contra por este caso.
