El SAT ha actualizado las disposiciones sobre depósitos bancarios, una medida que, según la autoridad, busca reforzar el control fiscal y asegurar que los ingresos sean declarados correctamente. Sin embargo, algunos especialistas señalan que este tipo de ajustes podrían generar incertidumbre entre contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, pero que enfrentan procesos administrativos cada vez más complejos.
Nuevos límites en depósitos bancarios
De acuerdo con la modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el nuevo límite anual para los depósitos que no requieren pago de impuestos adicionales será de 2 millones 28 mil 610 pesos.
Esto significa que, si una persona supera esta cantidad sin comprobar el origen de los fondos, el SAT presumirá que se trata de ingresos gravables. Dicho monto podría parecer alto, pero en la práctica afecta a miles de ciudadanos que manejan recursos por actividades informales o familiares.
El objetivo: mayor control, pero con burocracia
Según el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación (CFF), los depósitos que no estén registrados en la contabilidad o carezcan de documentación comprobatoria se considerarán ingresos sujetos a impuestos.
El organismo asegura que el cambio busca “restablecer condiciones de competencia equitativa”, aunque para muchos contribuyentes representa más trámites y revisiones, especialmente ante un sistema que continúa mostrando lentitud en sus plataformas y en la atención a usuarios.
Recomendaciones para evitar sanciones
El SAT recomienda mantener actualizados los datos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), presentar las declaraciones en tiempo y forma, y revisar de manera constante el Buzón Tributario.
Además, se aconseja documentar cada depósito recibido, sobre todo si proviene de préstamos, herencias o donaciones, ya que el incumplimiento podría derivar en sanciones económicas o auditorías.
¿Avance o presión fiscal?
Si bien la autoridad argumenta que busca mejorar la transparencia y fortalecer la recaudación, para algunos ciudadanos el mensaje es claro: más vigilancia sobre las finanzas personales y menos incentivos para la formalidad.
En tiempos donde la economía se enfrenta a presiones inflacionarias y falta de estímulos, este tipo de políticas podrían percibirse como una medida recaudatoria más que como una acción de apoyo.
