El gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes una nueva propuesta legislativa conocida como plan B, luego de que su reforma electoral fuera rechazada días atrás en el Congreso de la Unión. La iniciativa fue anunciada públicamente y se informó que será enviada formalmente al Senado de la República para su análisis y eventual votación.
Secretaría de Gobernación detalla los alcances de la propuesta
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de explicar los puntos centrales de la iniciativa. Según la funcionaria, el plan B busca reducir los considerados “privilegios” en el Instituto Nacional Electoral (INE), en los tribunales electorales y en los demás órganos del sistema comicial del país. Asimismo, se contempla fijar un tope de entre siete y 15 regidores por municipio, y establecer límites presupuestales en los congresos locales.
Recursos ahorrados irán a obras públicas en municipios y estados
De acuerdo con la titular de Gobernación, los recursos que se obtengan como resultado de estas reducciones a nivel local serán redirigidos hacia obras públicas en beneficio de municipios y estados, con el propósito de que el ahorro generado tenga un impacto directo en las comunidades.
Nadie ganará más que la presidenta en cargos electorales
Uno de los puntos más destacados de la propuesta establece que los consejeros del INE, magistrados electorales y altos funcionarios de los organismos del sistema comicial no podrán percibir ingresos superiores a los de la presidenta de la República. Esta medida aplica también para una reducción progresiva del gasto del Senado de hasta un 15 por ciento.
Bonos, seguros médicos e ingresos adicionales quedarían eliminados
La iniciativa contempla además la supresión de los bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales que actualmente perciben estos funcionarios. En paralelo, el plan B plantea la posibilidad de que la revocación de mandato se realice en 2027 o en 2028, aunque sin precisar aún los mecanismos específicos para su instrumentación.
Cambios a la legislación electoral vigente
Las leyes secundarias que la propuesta pretende reformar son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. A través de estas modificaciones, el gobierno federal plantea una reconfiguración de las reglas que rigen el funcionamiento de los organismos electorales y de los partidos a nivel nacional.
Inicio de cómputos, fiscalización y convenios
Entre las medidas adicionales incluidas en el proyecto se encuentran el establecimiento del inicio de los cómputos federales una vez concluida la jornada electoral, así como la posibilidad de firmar convenios para la fiscalización de partidos y candidaturas, mecanismos que buscan agilizar y transparentar los procesos comiciales.
Dirigentes deberán revelar sus remuneraciones
El texto de la propuesta establece que los dirigentes de los partidos políticos estarán obligados a transparentar de manera pública sus remuneraciones. Esta disposición apunta a generar mayor rendición de cuentas dentro de las estructuras partidistas, tema que ha sido señalado de forma recurrente como una deuda pendiente del sistema político mexicano.
Operaciones financieras en tiempo real y prohibición de recursos ilícitos
Adicionalmente, los partidos deberán reportar sus operaciones financieras en tiempo real. La iniciativa también contempla la prohibición expresa de recursos ilícitos, fondos provenientes del extranjero y aportaciones realizadas en efectivo, con el objetivo de blindar el financiamiento político frente a posibles irregularidades.
