La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes que el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sea resultado de una persecución política. La mandataria afirmó que se trata de una investigación relacionada con presuntos delitos de contrabando de combustible.
La postura fue emitida luego de que un grupo de expresidentes iberoamericanos señalara una supuesta “venganza política” contra el exmandatario estatal y expresara preocupación por la situación del Estado de derecho en México.
Pronunciamiento de Claudia Sheinbaum sobre la investigación
Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta respondió a los señalamientos del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrado entre otros por el español José María Aznar, el mexicano Felipe Calderón y el colombiano Álvaro Uribe.
Los integrantes del grupo manifestaron su preocupación por la detención del exgobernador y consideraron que el proceso representaría un supuesto deterioro del Estado de derecho en el país.
Señalamientos sobre el origen del proceso
Claudia Sheinbaum pidió que el caso sea analizado a partir de la información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), y no desde una visión política.
La mandataria señaló que se trata de un asunto criminal y no de una situación relacionada con intereses políticos. También indicó que, hasta que exista una resolución judicial definitiva, el caso corresponde a una persona señalada por presuntamente cometer delitos graves relacionados con el contrabando de combustible.
Acusaciones fiscales y de combustible ilegal
La presidenta explicó que las acusaciones están relacionadas con presuntos delitos fiscales y de hidrocarburos derivados de una operación que, según la investigación, habría ocurrido durante varios años.
Asimismo, afirmó que quienes consideran que el proceso tiene motivos políticos están equivocados, al señalar que la investigación está relacionada con presuntos actos como fraude a la hacienda pública y traslado de combustible ilegal.
Actuación de la Fiscalía General de la República
Claudia Sheinbaum defendió el trabajo realizado por la FGR y aseguró que existen elementos suficientes para respaldar las decisiones judiciales tomadas hasta ahora.
Indicó que la Fiscalía cuenta con información para solicitar una orden de aprehensión ante un juez y explicó que las investigaciones continúan contra el exgobernador y otras siete personas detenidas por el mismo delito.
FGR sostiene que no existe persecución política
La Fiscalía General de la República negó el lunes que el proceso contra Ruffo Appel tenga motivaciones políticas. La institución aseguró que la vinculación a proceso deriva de su probable participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante ferrocarril.
De acuerdo con la Fiscalía, un juez federal vinculó a proceso el pasado 23 de julio al exgobernador y a otras siete personas por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos.
Hallazgo que originó la investigación
La FGR informó que la investigación comenzó después del hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila. Posteriormente, las autoridades identificaron una estructura que presuntamente importaba combustible declarando únicamente el 10 % del contenido real.
Defensa del exgobernador
Antes de su detención, Ruffo Appel negó haber cometido irregularidades y afirmó que colaboraría con las autoridades correspondientes.
Mientras tanto, dirigentes de la oposición han señalado que el caso representa un acto de persecución política.
Reacción del Grupo IDEA
El Grupo IDEA afirmó el lunes que la detención constituye una “venganza política” y relacionó el proceso con un supuesto desmantelamiento del sistema judicial.
