El toque de queda en Los Ángeles fue decretado el 10 de junio de 2025 por la alcaldesa Karen Bass, tras varios días de protestas intensas que se tornaron violentas. La medida, en vigor desde las 8 p.m. hasta las 6 a.m., afecta el centro de la ciudad, abarcando una zona de una milla cuadrada donde ocurrieron saqueos y actos de vandalismo.
En los primeros días del toque de queda en Los Ángeles, atacaron más de 23 comercios, lo que encendió la alarma entre los ciudadanos y provocó una reacción inmediata del gobierno local. La alcaldesa advirtió que aplicarán “tolerancia cero” contra quienes alteren el orden público.
Alcaldesa Bass defiende el toque de queda
La alcaldesa Karen Bass calificó la situación como un “punto de inflexión” y pidió a los residentes y trabajadores del centro de Los Ángeles mantenerse en casa. Destacó que la medida busca proteger tanto a los manifestantes pacíficos como a los negocios locales, evitando más daños materiales y físicos.
La autoridad local recalcó que el control del orden público no debe significar represión, pero sí un llamado urgente al respeto de la convivencia en momentos de tensión.
Respuesta federal genera más tensión
En una medida sorpresiva, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 2,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines en la ciudad, sin la autorización del gobernador Gavin Newsom. Esta acción provocó fuertes críticas de líderes estatales y activistas, quienes alertaron que podría escalar el conflicto.
Esta intervención fue vista como una estrategia de control sin coordinación y sin respeto por la autonomía local. Mientras el gobierno federal defiende su actuación, expertos temen un aumento de la tensión en las calles.
Origen de las protestas y panorama actual
Las protestas en Los Ángeles surgieron en reacción a las recientes redadas migratorias en EE. UU., las cuales han generado indignación entre diversos sectores sociales.
Actualmente, las autoridades locales evalúan si será necesario prolongar el toque de queda. Se están considerando medidas adicionales de seguridad y la implementación de diálogos comunitarios para reducir la tensión entre ciudadanía y autoridades.
