La presidencia de la República publicó un nuevo decreto expropiatorio mediante el cual incorpora otros 10,000 metros cuadrados de terreno al Tren Maya, pertenecientes al ejido Leona Vicario, ubicado en el municipio de Puerto Morelos, en la zona norte de Quintana Roo. El monto de indemnización establecido para los comuneros asciende a 398 mil pesos, cifra determinada tras un proceso valuatorio realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
Lo que establece el decreto publicado en el DOF
De acuerdo con el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación, las autoridades otorgaron garantía de audiencia a los ejidatarios involucrados, sin que durante el plazo concedido se presentaran manifestaciones en contra del procedimiento expropiatorio. El decreto también estipula que la tierra expropiada únicamente podrá ser ocupada de manera definitiva una vez que se acredite el pago correspondiente al ejido o a quienes demuestren tener derecho sobre las tierras de uso común.
La cláusula de reversión: qué pasa si no se cumple el fin público
El decreto incluye una disposición que protege los intereses ejidales ante posibles incumplimientos. Si los bienes expropiados llegaran a destinarse a un uso distinto al señalado en el decreto, o si transcurridos cinco años no se ha cumplido con la causa de utilidad pública, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal quedará facultado para ejercer las acciones legales necesarias y reclamar la reversión parcial o total de los terrenos expropiados, según corresponda.
La Sedatu, encargada de la ocupación formal
Será la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) la dependencia responsable de proceder a la ocupación física de los terrenos, condicionada a que previamente se acredite el pago indemnizatorio a los comuneros afectados.
Un patrón que se repite: expropiaciones previas en la misma zona
La expropiación publicada en este nuevo decreto no es un hecho aislado. En diciembre del año pasado, el Tren Maya ya había motivado la expropiación de otras tierras también en Puerto Morelos, así como en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, en el sur de la entidad. En aquella ocasión, el total afectado fue de 2.6 hectáreas distribuidas entre tres ejidos: 1.6 hectáreas del ejido Leona Vicario, 0.6 del ejido Allende y otras 0.4 hectáreas en Pedro Antonio Santos.
Las indemnizaciones de diciembre: montos muy distintos por superficie
Las compensaciones pagadas en ese proceso anterior reflejan diferencias marcadas según la ubicación y valuación de cada predio. Por la superficie en Puerto Morelos, el decreto de diciembre estableció un pago de 4.4 millones de pesos, mientras que al ejido Allende, en Othón P. Blanco, le correspondieron apenas 58 mil 548 pesos. En el caso de Bacalar, la indemnización ascendió a 311 mil 954 pesos, todas ellas con base en los avalúos practicados por el Indaabin.
El Tren Maya y su huella territorial en Quintana Roo
La acumulación de decretos expropiatorios en diferentes municipios de Quintana Roo traza un mapa claro de la expansión territorial que el Tren Maya ha requerido desde su concepción. Puerto Morelos, Othón P. Blanco y Bacalar son ya parte de una lista de localidades cuyas tierras ejidales han sido incorporadas al proyecto de infraestructura ferroviaria más grande del sureste mexicano, un proceso que continúa generando debate entre comunidades, ambientalistas y autoridades sobre las condiciones y montos de las indemnizaciones pactadas.
