El fallo protege a la empresa de futuras acciones administrativas que intenten clausurar sus predios El Corchalito y La Adelita, ubicados en una recién declarada Área Natural Protegida.
La empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials Company, obtuvo una suspensión de amparo que impide su clausura en un nuevo procedimiento administrativo. Esta medida, otorgada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, protege sus predios El Corchalito y La Adelita, situados al sur de Playa del Carmen en un área recientemente declarada como Área Natural Protegida.
La resolución del tribunal se deriva de un recurso de queja que Calica presentó contra un acto administrativo emitido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La Profepa había iniciado un procedimiento para clausurar nuevamente los terrenos de la empresa, amparándose en el expediente PFPA/4.2/2C.27.2/1028-2024. Sin embargo, con esta suspensión, el tribunal dictaminó que no se puede proceder con una clausura sobre dichos terrenos mientras esté vigente esta resolución.
“Se califica de fundado el único agravio propuesto por la disconforme en atención a la causa de pedir (…) es decir, para el efecto de suspender el dictado de la resolución en el procedimiento administrativo”, se establece en el fallo correspondiente al expediente 316/2024.
Este conflicto legal tiene sus raíces en mayo de este año, cuando la Profepa emitió un nuevo acto administrativo para clausurar los terrenos de Calica, que ya habían sido clausurados en mayo de 2022 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. En ese momento, Calica había presentado un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Cuarto de Distrito, pero la protección federal le fue negada. Ante esta negativa, la empresa presentó una apelación ante el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, cuya resolución favorable se hizo pública este lunes.
El trasfondo de esta disputa legal entre Calica y el gobierno mexicano se remonta a 2018, cuando la administración de Enrique Peña Nieto clausuró el predio conocido como La Rosita. Según las autoridades, Calica había sobrepasado los niveles de extracción autorizados en esa área, lo que motivó el cierre de sus operaciones en el lugar. Desde entonces, la empresa ha estado en un proceso legal continuo en defensa de sus derechos sobre los predios ubicados en la Riviera Maya, que ahora han sido incorporados a un área natural protegida.
Este fallo marca un nuevo capítulo en el prolongado conflicto entre la empresa y el gobierno mexicano, garantizando a Calica protección judicial contra futuras clausuras en tanto se resuelvan los aspectos legales de la disputa en curso.
