Xcaret anunció la suspensión de la edición 19 de la Travesía Sagrada Maya, programada para mayo de 2026. La decisión responde a un proceso jurídico en curso relacionado con el uso de símbolos culturales del pueblo maya.
El anuncio se realizó el 16 de abril durante una conferencia de prensa, donde la empresa explicó que esta medida busca evitar mayores controversias tras un reciente fallo judicial.
Contexto legal que afecta a Xcaret
La suspensión se produce después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera una resolución que prohíbe el uso de elementos culturales y simbólicos de origen maya en productos o eventos turísticos sin consentimiento previo.
Aunque aún no se definen completamente los efectos legales del fallo derivado de la audiencia del 26 de marzo, la empresa optó por cancelar el evento de forma preventiva para evitar posibles sanciones o conflictos adicionales.
Impacto en participantes y comunidad
De manera preliminar, cerca de 300 canoeros que se preparaban para participar en esta representación se verán afectados por la suspensión. Esta edición destacaba por proyectar una mayor participación de mujeres, en un esfuerzo por fomentar la inclusión dentro de esta recreación histórica.
La Travesía Sagrada Maya recrea el antiguo recorrido marítimo entre Polé, hoy Xcaret, y la isla de Cozumel, siendo uno de los eventos culturales más representativos de la región.
En este contexto, Xcaret enfrenta un escenario complejo en el que se cruzan intereses turísticos, legales y culturales. Además, Xcaret deberá replantear la manera en que integra elementos tradicionales en sus actividades futuras, considerando las nuevas disposiciones legales.
Disputa legal y tensiones internas
El conflicto tiene su origen en una denuncia presentada en 2022 por el Gran Consejo Maya ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, por el presunto uso indebido de elementos culturales.
La controversia se intensificó luego de que se revelara la existencia de un acuerdo económico entre la empresa y representantes del Consejo. Durante una sesión pública, se dio a conocer un contrato por 15 millones de pesos, distribuido en pagos a cinco años, lo que generó tensiones dentro de la comunidad.
Por su parte, el presidente del Consejo negó haber recibido grandes cantidades de dinero, aunque reconoció acuerdos previos con la empresa, sin detallar montos.
Exigencias de transparencia y futuro del caso
Organizaciones como la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía han solicitado claridad en los acuerdos realizados, mientras que distintos líderes mayas han exigido rendición de cuentas.
La cancelación del evento refleja la complejidad del conflicto entre el turismo y la protección de los derechos culturales. El caso continúa en proceso y se espera que su resolución se defina en los próximos meses dentro de instancias judiciales.
