A partir de este lunes 6 de mayo, el Instituto Nacional Electoral (INE) inaugura el proceso de voto en prisión preventiva en México, permitiendo que 30,391 personas sin sentencia ejerzan su derecho a votar, incluyendo los penales con historial de violencia y corrupción.
El INE, en un acto sin precedentes, abre la posibilidad para que aquellos en prisión preventiva, sin sentencia, puedan participar en las elecciones nacionales y locales que se celebrarán el próximo 2 de junio. Este ejercicio democrático se llevará a cabo en 215 penales federales y 201 estatales, después de que las autoridades locales no pudieran garantizar la seguridad en 65 centros penitenciarios.
El voto desde la cárcel, por primera vez en la historia de México, implica un gran avance en materia de derechos político-electorales, ya que brinda la oportunidad de participar en la renovación de la Presidencia de la República, así como en elecciones locales en ciertas entidades federativas.
El proceso incluye penales con antecedentes de violencia y corrupción, como el Centro Penitenciario Aguaruto en Sinaloa, donde recientemente se registró una riña que dejó varios heridos graves. Asimismo, otros centros penitenciarios como el de Tlalnepantla de Baz, conocido como el Penal de Barrientos, y el Cereso de Acapulco, enfrentan problemas de motines y fugas recurrentes.
A pesar de los desafíos de seguridad, el INE asegura que se han implementado protocolos para evitar incidentes durante el proceso de votación en las cárceles. El consejero Martín Faz explicó que se llamará a los votantes individualmente para evitar posibles riñas o conflictos.
Este histórico evento electoral también involucra a personajes relevantes de la política que se encuentran en prisión sin sentencia, como los exgobernadores Roberto Borge, César Duarte, Roberto Sandoval y Mario Marín, quienes podrían ejercer su derecho al voto desde la cárcel.
Aunque algunos estados como Yucatán y Veracruz han mostrado resistencia para permitir el voto en prisión preventiva, otras entidades como Chiapas, la Ciudad de México y Hidalgo han legislado para garantizar este derecho a nivel local.
El proceso de voto en prisión es un hito significativo en la consolidación de la democracia en México, asegurando que incluso aquellos privados de libertad puedan participar en el proceso electoral y contribuir al futuro del país.
