El Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió retirar la candidatura de Carolina Olarte-Bácares para integrar la Corte Penal Internacional (CPI), una decisión que ha generado diversas reacciones en la región. La medida afecta las opciones de América Latina y el Caribe en la próxima elección judicial.
Reacciones de políticos y analistas
Exfuncionarios, dirigentes políticos y figuras públicas de Colombia y otros países latinoamericanos criticaron la decisión. El excanciller Luis Gilberto Murillo calificó la medida como “inconveniente para Colombia y para la región de América Latina y el Caribe”. En su opinión, la salida de Olarte-Bácares reduce la presencia regional en un tribunal internacional de gran relevancia.
Importancia de la candidatura de Olarte-Bácares
La jurista había avanzado en el proceso de selección y era la única candidata latinoamericana en competencia. Según Jorge Rojas, exembajador y exvicecanciller, Olarte-Bácares recibió una de las puntuaciones más altas del panel técnico que evaluó a los aspirantes y contaba con respaldo del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC).
Contexto y posibles motivaciones
La candidatura fue presentada durante el Gobierno de Gustavo Petro, aunque la senadora Isabel Zuleta afirmó que su impulso inicial provino del Grupo Nacional ante la Corte Permanente de Arbitraje. La decisión del retiro, según algunos analistas, podría estar vinculada a consideraciones políticas o externas, aunque no ha sido confirmada oficialmente.
Olarte-Bácares relató que no recibió comunicación directa sobre el fin de su candidatura, pero que fue notificada por un Estado parte del estatuto. La elección para renovar seis cargos en la CPI está programada para diciembre de 2026, en Nueva York, donde ella era la única representante de la región en la lista de candidatos.
Implicaciones para Colombia y la región
El retiro de la candidatura ha sido considerado por algunos como una pérdida para la representación latinoamericana en la justicia internacional. La decisión del Gobierno, además, podría afectar la percepción internacional sobre la política exterior del país en temas de justicia y cooperación internacional.
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