La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 272 millones de pesos en el manejo del presupuesto del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), relacionadas con la contratación de servicios de seguridad, limpieza y tecnológicos. Este hallazgo forma parte de la fiscalización realizada sobre 2 mil 484 millones de pesos del presupuesto de la Judicatura Federal para el ejercicio fiscal 2024, equivalente al 30% del total.
Observaciones de la Auditoría Superior
El informe de la Auditoría Superior indicó que no se acreditaron con la documentación correspondiente los pagos por distintos servicios: 21 millones 467 mil pesos en seguridad y vigilancia; 49 millones 467 mil pesos en mantenimiento y limpieza; y 201 millones 66 mil pesos en servicios informáticos, impresión, digitalización y copiado.
Estas inconsistencias generaron un llamado a revisar los procedimientos internos y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, con el objetivo de garantizar la correcta administración de fondos federales.
Pasos a seguir por el nuevo Órgano de Administración Judicial
La Auditoría Superior presentó seis recomendaciones y tres promociones de responsabilidad administrativa sancionadora. Esto permitirá al nuevo Órgano de Administración Judicial iniciar las investigaciones necesarias por las presuntas irregularidades detectadas en los servicios contratados por el extinto CJF.
Las medidas buscan fortalecer la supervisión del presupuesto y asegurar que los recursos públicos sean utilizados conforme a la ley, evitando futuros casos de mala administración o posibles actos de corrupción.
Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal
A partir del 1 de septiembre, el CJF dejó de operar y fue reemplazado por el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, entidades creadas con la reforma judicial. Estas instituciones tendrán mayor control y supervisión sobre los procedimientos administrativos y financieros de la Judicatura Federal.
El último periodo de la presidenta del CJF estuvo a cargo de la hoy ministra en retiro Norma Piña Hernández, quien fungió como titular de la Suprema Corte durante la transición.
La Auditoría Superior reafirma la importancia de la transparencia en la administración pública y la fiscalización constante de los recursos federales. Las recomendaciones presentadas buscan que las nuevas autoridades judiciales implementen medidas correctivas y aseguren la legalidad y eficiencia en el manejo de fondos públicos.
