El Congreso del Estado planea finalizar en un mes la armonización del marco jurídico estatal con la Ley General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este proceso busca garantizar que la legislación local sea más clara, inclusiva y progresista, en línea con los principios fundamentales de los derechos humanos.
Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso estatal, señaló que actualmente no se está trabajando en una reforma, sino en la creación de una nueva ley de derechos humanos. Esta tarea se realiza en colaboración con la diputada Lilia Mis y Omega Ponce, titular de la Comisión de los Derechos Humanos en el estado. Según Sanén Cervantes, la intención es completar este trabajo dentro del próximo mes para contar con un marco legal actualizado que refleje los valores y principios progresistas de los derechos humanos, como la inclusión y la claridad en sus disposiciones.
A pesar de la importancia de esta iniciativa, el legislador indicó que el Congreso también está enfocado en otros asuntos prioritarios, como el análisis de las leyes de ingresos de los municipios y el paquete económico estatal. En este sentido, destacó que los legisladores están ajustando los detalles finales para fortalecer rubros esenciales, como la infraestructura, y atender diversas necesidades de la población. Según Sanén Cervantes, esperan concluir esta labor a mediados del mes en curso.
El compromiso con los derechos humanos también se manifestó en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, con un conversatorio titulado “Tejiendo derechos: Igualdad y Bienestar”. En este evento, expertos reflexionaron sobre los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos, un tema destacado por Marcos Basilio Saldívar, regidor encargado de la Comisión de Desarrollo Social, Participación Ciudadana y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Benito Juárez. Este espacio tuvo como objetivo generar un diálogo que permita avanzar en la igualdad y el respeto hacia estas comunidades históricamente marginadas.
La armonización de la ley estatal con la normativa nacional se presenta como un esfuerzo relevante para garantizar que los derechos humanos sigan siendo progresivos y aplicables de manera efectiva en el ámbito local. Sin embargo, los desafíos relacionados con las prioridades presupuestales y las demandas sociales subrayan la necesidad de un equilibrio entre las distintas responsabilidades legislativas.
