La jueza federal Aileen Cannon aceptó la moción de la defensa, poniendo fin al proceso judicial contra el expresidente.
La jueza Aileen Cannon, quien preside el caso por mal manejo de documentos clasificados contra el expresidente Donald Trump en Florida, desestimó este lunes la acusación debido a cuestionamientos sobre el nombramiento del fiscal que presentó el caso.
La defensa de Trump argumentó que el fiscal especial Jack Smith fue designado de manera ilícita y que su oficina recibió financiamiento inadecuado del Departamento de Justicia. La jueza Cannon aceptó estos argumentos y desestimó el caso, poniendo fin abrupto a uno de los procesos penales más serios que enfrentaba el expresidente republicano.
Trump enfrentaba múltiples cargos por retener ilegalmente documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y por obstaculizar los esfuerzos del FBI para recuperarlos. Los abogados del expresidente habían presentado varios recursos contra el caso, incluyendo uno que sostenía que la designación de Jack Smith violaba la cláusula de asignaciones de la Constitución, la cual regula las designaciones para ciertos cargos públicos, y que su oficina estaba siendo financiada ilegalmente por el Departamento de Justicia.
En una carta de 93 páginas, la jueza Cannon justificó su decisión señalando: “Los redactores de la Constitución le otorgaron al Congreso un rol fundamental en la designación de funcionarios principales e inferiores. Ese rol no puede ser usurpado por el Poder Ejecutivo ni diluido por ninguna otra agencia, ya sea en este caso o en cualquier otro caso, en tiempos de mayor necesidad nacional o no”.
El equipo de Smith había rechazado enfáticamente este argumento el mes pasado, afirmando que, aun si la jueza daba la razón a la defensa, la solución no debería ser la desestimación total del caso. Sin embargo, la jueza Cannon decidió proceder con la desestimación.
Un vocero del equipo de Smith no respondió a las solicitudes de comentarios, y la campaña de Trump tampoco ofreció una reacción inmediata.
El mes pasado, la jueza Cannon había concedido una pausa en el procesamiento de Trump por la retención ilegal de documentos clasificados después de que la Corte Suprema le otorgara inmunidad parcial. La Corte Suprema dictaminó que los presidentes de Estados Unidos no pueden ser procesados por actos realizados dentro de sus funciones oficiales una vez que dejan el cargo.
Este fallo se enmarca en la acusación contra Trump por el asalto al Capitolio, pero el expresidente ha argumentado que las implicaciones de la decisión del alto tribunal deberían extenderse a todos los casos judiciales pendientes en su contra.
Trump sostiene que el envío de decenas de documentos clasificados a su mansión privada de Mar-a-Lago mientras se preparaba para abandonar la Casa Blanca debería ser clasificado como un “acto oficial”. Los documentos fueron recuperados en una redada del FBI en agosto de 2022, después de que Trump rechazara reiteradamente las peticiones de las autoridades para devolver los documentos.
