El juez federal Javier Aguirre Farfán logra la primera suspensión definitiva en Quintana Roo contra la reforma judicial que exige la renovación de su puesto, marcando un precedente en el Poder Judicial.
El juez federal Javier Aguirre Farfán, adscrito al Centro de Justicia Penal en Quintana Roo, ha obtenido una suspensión definitiva contra los efectos de la reforma judicial, lo que representa la primera medida de este tipo en la entidad a favor de un miembro del Poder Judicial de la Federación. Esta decisión judicial tiene como objetivo detener los efectos de la reforma que obliga a jueces y magistrados a dejar sus cargos y presentarse a un proceso electoral extraordinario el próximo año, en caso de que deseen continuar en sus puestos.
Aguirre Farfán ya contaba con una suspensión provisional desde la semana pasada, la cual fue impugnada por el Consejo de la Judicatura Federal. No obstante, el Juzgado Quinto de Distrito anunció este martes que ahora se le ha concedido una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo indirecto 1014/2024, promovido por el juez en su lucha por evitar la aplicación de la reforma.
El otorgamiento de esta suspensión definitiva se suma a otras acciones legales emprendidas por jueces y magistrados federales en distintas regiones del país, quienes han presentado juicios de amparo con el fin de invalidar el decreto de la reforma judicial promulgado el pasado 15 de septiembre. Dicha reforma modificó la manera en que se integra el Poder Judicial de la Federación, estableciendo nuevas reglas para la permanencia y renovación de jueces y magistrados a través de elecciones extraordinarias.
El proceso judicial promovido por Aguirre Farfán fue ingresado el pasado 11 de octubre, justo un día antes de que el Senado de la República realizara el sorteo para determinar los cargos que deberán renovarse en el 2025. En ese sorteo, se estableció que los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito Judicial, con sede en Quintana Roo, estarían sujetos a este proceso de renovación.
A partir de ese momento, varios jueces federales de Quintana Roo han iniciado procesos de amparo para detener los efectos de la reforma judicial, argumentando que ésta afecta su derecho a la permanencia en sus cargos.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha manifestado públicamente que las suspensiones promovidas en contra de esta reforma son improcedentes, señalando que las reformas constitucionales no pueden ser impugnadas bajo la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el caso de Quintana Roo, se confirmó que dos magistraturas del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito deberán someterse a elección el próximo año. Una de estas magistraturas está ocupada por Aarón Alberto Pereira Lizama, mientras que la otra es ocupada por María Adriana Barrera Barranco. Además, dos magistraturas del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, una de ellas también a cargo de Barrera Barranco, estarán sujetas al proceso de elección extraordinaria. Lo mismo ocurre con dos cargos en el Tercer Tribunal, donde una magistratura está ocupada por Jorge Mercado Mejía, y la otra se encuentra vacante. Finalmente, en el Tribunal de Apelación, se renovarán las magistraturas de Tomás José Acosta Ocampo e Iván Benigno Larios Velázquez.
Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre entre los miembros del Poder Judicial en Quintana Roo, ya que las modificaciones constitucionales plantean un cambio en la forma en que se eligen y renuevan los jueces y magistrados en el país. Mientras continúan los recursos judiciales en otras entidades, la decisión de otorgar una suspensión definitiva a Javier Aguirre Farfán podría sentar un precedente importante en la batalla legal que los jueces y magistrados están librando contra la reforma judicial en todo México.
