El subsecretario Brian A. Nichols reafirma el apoyo de Estados Unidos a las preocupaciones expresadas por el embajador Ken Salazar en torno a la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador, subrayando la importancia de un diálogo entre ambas naciones.
Este miércoles, Brian A. Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, manifestó su respaldo a las recientes declaraciones del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, respecto a las reformas constitucionales promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nichols subrayó la importancia de la colaboración entre Estados Unidos y México para garantizar la seguridad y prosperidad en América del Norte, enfatizando que ambos países deben trabajar juntos como socios e iguales.
En un mensaje publicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter), Nichols expresó que tanto él como Salazar comparten un profundo respeto por la soberanía de México, aunque también hicieron públicas sus preocupaciones compartidas sobre las reformas constitucionales propuestas por López Obrador.
Las declaraciones de Nichols se producen en un contexto de creciente tensión política, en el marco del paro nacional de labores del Poder Judicial en México, que se llevó a cabo en protesta por la reforma judicial incluida en el Plan C del paquete de iniciativas enviado por el presidente a la Cámara de Diputados en febrero de este año. Entre los puntos más controvertidos de esta reforma está la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, lo que ha generado una ola de reacciones tanto en México como en el extranjero.
El pasado 23 de agosto, el embajador Ken Salazar criticó públicamente la idea de la elección popular de jueces, afirmando que esta medida no contribuiría al fortalecimiento de la democracia ni a la efectividad del Poder Judicial en México. Según Salazar, la reforma, tal como está planteada, podría no funcionar en beneficio ni del pueblo mexicano ni del estadounidense, lo que suscitó una rápida respuesta del gobierno mexicano.
El presidente López Obrador calificó los comentarios de Salazar como “desafortunados e imprudentes”, y reveló que su gobierno había enviado una nota diplomática para expresar su desacuerdo con las declaraciones del embajador. Sin embargo, Salazar se mantuvo firme en su postura, reiterando que las preocupaciones expresadas sobre la reforma judicial son parte de la cooperación entre ambos países y que se busca un diálogo abierto y honesto para abordar estos temas.
Además de las críticas provenientes de Estados Unidos, el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, también se sumó a las preocupaciones sobre la reforma judicial, lo que llevó al presidente López Obrador a anunciar que pondría una “pausa” en las relaciones con ambos gobiernos. Sin embargo, posteriormente matizó su declaración, señalando que la pausa se limitaría únicamente a las embajadas.
La reforma al Poder Judicial de la Federación, tal como está planteada, no solo propone la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, sino que también contempla la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 a 9, y la disminución del periodo en el cargo de 15 a 12 años. De aprobarse, estas medidas entrarían en vigor en 2025, lo que implicaría que cerca de 1,600 juzgadores tendrían que dejar sus puestos para buscar ser reelegidos.
Con la nueva Legislatura del Congreso de la Unión comenzando el 1 de septiembre, donde Morena y sus aliados cuentan con una mayoría calificada, la discusión de esta reforma en el pleno promete ser uno de los temas más polémicos y de alto impacto tanto a nivel nacional como internacional.
