El Congreso Nacional de Honduras ha aprobado una ley especial destinada a fortalecer la lucha contra las estructuras criminales, incluyendo maras y pandillas. La normativa busca endurecer el tratamiento penitenciario y ampliar las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad, sin volver a suspender garantías constitucionales.
Contexto y objetivos de la ley
La normativa, aprobada por unanimidad, responde a la necesidad de enfrentar a organizaciones que, según el gobierno, desafían abiertamente al Estado. La ley reforma disposiciones de la legislación penitenciaria, policial y de seguridad para facilitar una respuesta coordinada entre Policía Nacional, Policía Militar y sistema penitenciario.
Medidas penitenciarias y restricciones
Una de las principales innovaciones es el régimen penitenciario para personas consideradas de alta peligrosidad o vinculadas a organizaciones terroristas. Estas personas podrán ser sometidas a aislamiento individual en celdas de máxima seguridad, con restricciones a la convivencia, visitas y comunicaciones. Además, se prohíbe el uso de dinero en efectivo y ciertos aparatos electrónicos.
También se establece que estos privados de libertad tendrán una hora semanal de sol y patio, y las llamadas telefónicas estarán sujetas a controles y límites de tiempo. La ley contempla aplicar estas condiciones tanto a sentenciados como a detenidos preventivos, cuando exista una resolución judicial que vincule a la persona con organizaciones criminales.
Reformas a la legislación policial y operativa
La reforma modifica la Ley de la Policía Nacional, ordenando a esa institución desarticular asociaciones terroristas, maras y pandillas. La Policía Militar de Orden Público tendrá funciones de coordinación con la Policía y el sistema penitenciario para manejar a personas peligrosas.
Además, la ley introduce medidas de seguridad vial y operativa por un período de 12 meses, incluyendo restricciones para circular en motocicleta, porte de armas y uso de prendas que oculten el rostro. Estas medidas buscan fortalecer la respuesta del Estado sin suspender garantías constitucionales.
Implementación y contexto
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, destacó que la ley dota a las instituciones de herramientas legales y presupuestarias para obtener resultados. El Ejecutivo tendrá 30 días para realizar ajustes reglamentarios tras la publicación oficial.
La aprobación de la ley coincide con el despliegue del plan “Escudo de Honduras”, que reforzó la presencia policial y militar en varias zonas del país, incluyendo San Pedro Sula y Tegucigalpa. La discusión ahora se centra en cómo aplicar estas restricciones sin que la pertenencia a un grupo criminal sea la única prueba ante un juez.
Para más información sobre las acciones del gobierno en seguridad, puede consultar el plan de choque en salud o las reformas en el Congreso.
