La defensa de Roberto Borge Angulo promovió un recurso de queja ante autoridades judiciales con el objetivo de que se programe una audiencia pendiente relacionada con la medida de prisión domiciliaria que le fue concedida dentro de uno de los procesos penales que enfrenta por presunto lavado de dinero.
Defensa impugna retraso de audiencia
El recurso fue presentado luego de que no se concretara una audiencia que, según la defensa, resulta necesaria para ejecutar la medida cautelar que permitiría al exmandatario continuar su proceso fuera de prisión.
La solicitud fue recibida por el Tribunal Colegiado de Apelación de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, instancia que revisará los argumentos planteados por los representantes legales del exgobernador.
¿Qué busca la audiencia pendiente?
La diligencia tiene como propósito que una jueza federal verifique diversos requisitos relacionados con la implementación de la prisión domiciliaria.
Entre ellos se encuentra la colocación de un dispositivo electrónico de localización y la supervisión del inmueble donde deberá permanecer el acusado mientras continúa el procedimiento judicial.
Señalan omisión procesal
De acuerdo con el expediente judicial, la defensa cuestiona la falta de acciones para fijar fecha y hora de la audiencia correspondiente.
También argumenta que no se han realizado los actos procesales necesarios para concretar la instalación del sistema de monitoreo electrónico previsto en la medida cautelar.
Revisión por parte del tribunal
Ahora corresponderá a las autoridades judiciales analizar el recurso y determinar si procede ordenar acciones relacionadas con la audiencia solicitada.
Roberto Borge mantiene procesos por lavado de dinero
Aunque recientemente obtuvo una resolución favorable en otra causa penal, el exgobernador todavía enfrenta procedimientos judiciales vigentes.
Actualmente, Roberto Borge permanece internado en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial ubicado en el municipio de Ayala, Morelos. Además, Roberto Borge continúa sujeto a dos procesos relacionados con presuntas operaciones de lavado de dinero promovidas por la Fiscalía General de la República.
Absolución en una de las acusaciones
El pasado 29 de mayo, un órgano judicial federal con sede en Xochitepec, Morelos, emitió una resolución absolutoria a favor del exmandatario en el caso relacionado con delincuencia organizada.
Esa determinación eliminó uno de los procesos más relevantes que enfrentaba, aunque no modificó las causas penales que continúan abiertas por otros delitos.
Prisión domiciliaria autorizada desde 2023
Dentro de uno de los expedientes por presunto lavado de dinero, el exgobernador obtuvo desde septiembre de 2023 una medida cautelar de prisión domiciliaria.
Sin embargo, dicha determinación aún no ha sido aplicada de manera efectiva, situación que ahora busca resolver mediante recursos legales.
Defensa busca acelerar el procedimiento
Los abogados consideran que la audiencia pendiente es indispensable para que la medida cautelar pueda ejecutarse conforme a lo establecido por las autoridades judiciales.
Origen de las investigaciones judiciales
Las acusaciones que siguen vigentes tienen relación con operaciones realizadas durante su administración al frente del gobierno estatal.
Venta de terrenos bajo investigación
Los expedientes judiciales derivan de la enajenación de 22 terrenos propiedad del estado a favor de particulares.
Las autoridades investigan si durante dichas operaciones se utilizaron recursos cuya procedencia fue considerada irregular.
Indagatorias continúan en curso
La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones correspondientes mientras avanzan los procedimientos judiciales.
Las autoridades serán las encargadas de determinar el desenlace de las causas penales aún pendientes.
Esperan nuevas resoluciones
En los próximos meses podrían registrarse nuevas determinaciones relacionadas con la situación jurídica del exgobernador, especialmente respecto a la solicitud para hacer efectiva la prisión domiciliaria.
