Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN, justificó la renovación del parque vehicular de los ministros por fallas mecánicas en las camionetas que recibieron de la anterior integración y no por amenazas a su seguridad personal.
“Los incidentes que se presentaron son estos en que el ministro viaja y se queda a medias, que no quiere prender, ya le falla la suspensión, o en este caso se partieron dos rines sólo por caer en un bachecito”, explicó el ministro presidente, en referencia a las constantes fallas técnicas detectadas.
Fallas mecánicas y riesgos operativos
La decisión de renovar el parque vehicular respondió, de acuerdo con las autoridades judiciales, a múltiples incidentes mecánicos que comprometían la seguridad y movilidad de los ministros. Estas deficiencias incluían fallas de encendido, problemas de suspensión y daños estructurales derivados del mal estado de las vialidades.
Dentro de este contexto, la renovación de camionetas se planteó como una medida preventiva para evitar accidentes y garantizar el correcto desempeño de las actividades oficiales.
Inversión y blindaje
Aguilar Ortiz aclaró que cada una de las nuevas camionetas tuvo un costo aproximado de 2.4 millones de pesos, cifra que incluye el blindaje y el equipamiento de seguridad.
Esta inversión generó un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación, particularmente después de que circularan imágenes de los nuevos vehículos, lo que intensificó el escrutinio público sobre la renovación de camionetas dentro del máximo tribunal.
Críticas y suspensión del uso
El pasado viernes comenzaron a difundirse en redes sociales fotografías de las nuevas camionetas asignadas a los ministros, lo que generó una fuerte ola de críticas por parte de distintos sectores de la sociedad.
Ante este escenario, la Suprema Corte confirmó la adquisición de los vehículos, pero posteriormente informó que los ministros decidieron no utilizarlos, como una medida para atender la sensibilidad social y el contexto de austeridad.
Reorientación de las unidades
Aguilar Ortiz indicó que las camionetas serán destinadas a jueces que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones.
“Todo el Poder Judicial requiere de estos vehículos para el conjunto de jueces que están en una situación de mayor riesgo y la decisión seguramente va a ser esa, reconducir estos vehículos, ponerlos a disposición de estos juzgadores”, afirmó.
Este ajuste busca dar un uso socialmente más aceptable a la renovación de camionetas, enfocando su aprovechamiento en quienes enfrentan mayores amenazas.
Compromiso institucional
El ministro presidente reafirmó que la Suprema Corte actuará bajo el principio de austeridad, con el objetivo de hacer un manejo responsable de los recursos públicos, sin comprometer el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Subrayó que el uso eficiente de bienes públicos, incluida la renovación de camionetas, debe estar alineado con la transparencia, la rendición de cuentas y el interés colectivo.
Presencia de ministros y funcionarios
Durante la conferencia de prensa convocada para abordar este tema, Aguilar Ortiz estuvo acompañado por Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial, así como por los ministros Arístides Guerrero García, Giovanni Figueroa Mejía, María Estela Ríos, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías.
Las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres se ausentaron por motivos de salud, mientras que la ministra Loretta Ortiz se encontraba en Costa Rica participando en un evento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Divulgación de contratos y proveedor
Tanto el ministro presidente como el titular del Órgano de Administración Judicial aseguraron que habrá total transparencia, y se darán a conocer tanto el contrato formalizado para la adquisición de los vehículos como el nombre del proveedor beneficiado con esta compra.
Este compromiso busca fortalecer la confianza pública y reducir la controversia generada por la renovación de camionetas.
