La ex primera ministra de Bangladesh se convirtió nuevamente en el centro de la escena internacional tras la sentencia dictada por el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés (ICT). El organismo la condenó el lunes 17 de noviembre a pena de muerte, acusándola de crímenes de lesa humanidad durante la violenta represión de las protestas de 2024, un episodio que concluyó con su dimisión y posterior huida hacia India.
Aunque su figura dominó la política bangladesí durante más de diez años, el panorama actual la enfrenta a un escenario político, jurídico y diplomático sin precedentes para el país.
Un liderazgo marcado por el poder y la controversia
A sus 78 años, Hasina seguía siendo la figura más influyente de la Liga Awami. Sin embargo, su renuncia en agosto de 2024 se produjo en medio de un levantamiento estudiantil que denunció abusos de autoridad, corrupción y excesos represivos. Las manifestaciones fueron duramente intervenidas, dejando cerca de mil 500 muertos según datos de la ONU, un episodio que definió el inicio de su crisis política.
Exilio y gobierno interino
Desde su llegada a India tras dimitir, la ex mandataria permanece refugiada mientras un gobierno provisional encabezado por Muhammad Yunus intenta restablecer la estabilidad institucional del país. Ese contexto abrió la puerta a investigaciones más profundas sobre su administración, que derivaron en los cargos por crímenes de lesa humanidad.
Acusaciones graves y múltiples cargos
La dirigente fue declarada culpable de diversos delitos relacionados con la represión de 2024, entre ellos la presunta organización de asesinatos masivos contra manifestantes, la orden de emplear fuerza letal desde tierra y aire, así como persecuciones selectivas en distintas regiones del país.
Cadena perpetua y pena de muerte
Por la primera acusación, el tribunal la condenó a cadena perpetua tras considerar probado que incitó, permitió y no actuó para detener los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
En un segundo cargo, el tribunal determinó que ordenó ataques con helicópteros, drones y armas letales, por lo que dictó la pena de muerte.
Postura del gobierno interino
Muhammad Yunus afirmó que la resolución “refuerza que nadie está por encima de la ley”, posicionando a este proceso como un mensaje contundente para futuros líderes gubernamentales.
La decisión diplomática que definirá su futuro
La situación de la ex primera ministra de Bangladesh depende ahora del proceso de extradición. India, país donde permanece desde 2024, es la única nación autorizada a decidir si la entrega o no a la justicia bangladesí.
Solicitudes formales y silencio diplomático
Tras la sentencia, el gobierno interino solicitó a India la “entrega inmediata” tanto de Hasina como de su colaborador Asaduzzaman Khan Kamal, también condenado a muerte. Nueva Delhi reiteró su compromiso con el pueblo bangladesí, aunque evitó pronunciarse directamente sobre la extradición, generando incertidumbre y tensión diplomática.
El tratado de reciprocidad en extradición
Ambos países mantienen desde 2013 un acuerdo de extradición, pero no se aplica automáticamente.
La abogada del Tribunal Supremo de India, Jasmine Damkewala, explicó que el acuerdo excluye delitos considerados políticos. Debido a esto, India no estaría obligada a entregarla y, de hecho, la ex líder podría solicitar asilo.
Residencia legal y límites de la intervención extranjera
Damkewala añadió que ninguna autoridad extranjera puede intervenir para detener a alguien dentro de India. Todo proceso debe pasar por instancias diplomáticas y legales formales, lo que podría extender la permanencia legal de Hasina en el país hasta que se determine si los cargos son de naturaleza política.
