La Base Naval Integrada en Ushuaia fue escenario de un encuentro inédito entre autoridades nacionales y provinciales, con la presencia de Pablo Quirno, canciller, y Carlos Presti, ministro de Defensa de la Nación. Ambos funcionarios se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza, en el marco de un proyecto de infraestructura estratégica que la provincia impulsa desde hace más de cuatro décadas.
Un punto de convergencia para Nación y Provincia
La visita de Quirno y Presti marcó un momento de cooperación entre el gobierno nacional y el provincial, pese a la relación poco fluida entre la administración de Javier Milei y la gestión de Melella en los últimos años. La Base Naval Integrada se reafirmó como una prioridad compartida para el posicionamiento argentino en el Atlántico Sur.
El gobernador Melella expresó en su cuenta de X que “Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía”. Subrayó además el papel geopolítico de Tierra del Fuego, dada su proximidad a Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur.
La Base Naval Integrada y su financiamiento
El proyecto de la base, iniciado en 2022, experimentó una pausa durante el primer año de la administración libertaria. Sin embargo, la semana previa a la visita, el Poder Ejecutivo reasignó USD 142 millones al proyecto, lo que representa cerca del 30% del costo total estimado, que oscila entre USD 400 y USD 500 millones. El financiamiento restante deberá definirse en parte en el Presupuesto 2027, cuya presentación estaba prevista para los días posteriores a la visita.
El presidente Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que la base figure entre los proyectos priorizados en ese instrumento, junto a la Base Conjunta Antártica Petrel.
Defensa, diplomacia y agenda estratégica
La agenda del día incluyó una orientación sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, Malvinas y la proyección hacia la Antártida. Posteriormente, la comitiva recorrió el predio donde se construirá la infraestructura. Entre los asistentes se encontraban el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Dalle Nogare; el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay; y legisladores nacionales de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró antes del viaje que “esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”.
Acciones recientes y proyección legislativa
En los días previos a la visita, el gobierno anunció sanciones contra 15 empresas internacionales acusadas de operar sin autorización en las islas, además de notificaciones a 45 personas humanas y jurídicas. Asimismo, Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentaron una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas a actividades extractivas en el archipiélago: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La acción judicial incluye a directores, gerentes y representantes de esas firmas. La posición oficial se expresó en un comunicado: “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.
En paralelo, el Ejecutivo avanza con un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que endurecería las sanciones para empresas y proveedores que operen sin autorización argentina en Malvinas, permitiría el juicio en ausencia y crearía un Consejo de Seguridad Nacional con participación de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. La presentación de esta iniciativa en la Cámara de Diputados estaba prevista para la semana posterior a la visita.
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