La ampliación de la prisión preventiva y su impacto en el sistema de justicia mexicano
La figura de la prisión preventiva oficiosa, introducida en 2008 durante el gobierno de Felipe Calderón, ha sido una herramienta clave en la estrategia de combate a la delincuencia en México. En aquel entonces, fue implementada con el consenso de diversas fuerzas políticas, incluido el PRI y legisladores de izquierda, como parte de las acciones frente al narcotráfico. Este mecanismo contemplaba originalmente cinco delitos graves, entre ellos delincuencia organizada, secuestro y homicidio.
Sin embargo, 15 años después, el catálogo ha crecido considerablemente, alcanzando un total de 22 delitos bajo el actual gobierno de Morena. La expansión de esta medida se justifica con el objetivo de evitar la llamada “puerta giratoria”, fenómeno en el cual los acusados de delitos graves obtienen su libertad poco después de su detención debido a lagunas en el proceso judicial.
A pesar de sus intenciones, la prisión preventiva oficiosa ha generado críticas a nivel nacional e internacional. Organismos como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han cuestionado esta práctica, argumentando que podría vulnerar principios fundamentales del debido proceso.
El debate en la Suprema Corte y el papel de los gobiernos
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido propuestas de ministros como Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo Rebolledo para declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, estas iniciativas han sido pospuestas, particularmente durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien defendió y promovió la ampliación del catálogo.
El artículo 19 de la Constitución, que regula esta figura, establece actualmente una lista de delitos que incluyen abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, trata de personas, robo de casa habitación, corrupción, y más recientemente, extorsión, tráfico de fentanilo y falsificación de comprobantes fiscales. La inclusión de estos últimos fue posible gracias a la mayoría legislativa de Morena en el Congreso, consolidando así la lista de 22 delitos.
Orígenes y evolución de la medida
La prisión preventiva oficiosa no formaba parte de la reforma inicial presentada por Felipe Calderón en 2007, pero se incorporó tras propuestas de legisladores de distintas corrientes políticas. En aquel momento, el expresidente argumentó que la inseguridad y la impunidad afectaban profundamente al desarrollo del país, generando desconfianza en las instituciones y un ambiente de temor en la población.
Con niveles de criminalidad que se mantienen altos, el actual gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum, sostiene que ampliar el catálogo de delitos ayudará a combatir la violencia y fortalecerá el sistema de justicia.
Un balance entre seguridad y derechos humanos
El incremento del catálogo de prisión preventiva ha suscitado un intenso debate sobre su efectividad y sus implicaciones para los derechos humanos. Mientras que sus defensores aseguran que es una herramienta esencial para frenar la delincuencia, sus detractores advierten sobre el riesgo de abusos y violaciones al debido proceso.
El futuro de esta figura dependerá en gran medida de las decisiones que tome la Suprema Corte, así como del equilibrio que logre el gobierno entre la seguridad pública y el respeto a las garantías individuales. Por ahora, la medida sigue siendo una piedra angular en la estrategia de justicia penal en México, pero su implementación y alcance continúan siendo motivo de controversia.
