La inseguridad cotidiana en Cuba ha incrementado en los últimos años, evidenciando una brecha significativa entre el control político y la protección efectiva de los ciudadanos. Los episodios recientes en barrios como el Cerro reflejan una problemática que afecta a múltiples regiones del país.
Incidentes en el barrio La Normal
El jueves pasado, la locutora y actriz Laritza Camacho fue testigo de un robo en el parque La Normal, en el municipio habanero del Cerro, tras casi 30 horas sin electricidad en la zona. La escena mostró a una mujer persiguiendo a un hombre que le había robado sus pertenencias, mientras la comunidad relacionaba el incidente con la falta de servicios básicos.
Respuesta policial y percepción ciudadana
El parque, situado cerca de una estación policial, suele contar con entre 12 y 20 agentes en horarios de tarde y noche. Sin embargo, residentes denuncian que la presencia policial no se traduce en una mayor protección contra delitos como robos o el consumo de cannabinoides sintéticos, conocidos como “el químico”.
Problemas estructurales y denuncias locales
Camacho también alertó sobre una tubería instalada ilegalmente que pierde agua constantemente, y criticó la prioridad de las fuerzas policiales en buscar carteles políticos en lugar de abordar problemas de seguridad y salubridad. La pérdida de electricidad y las condiciones del barrio reflejan una situación de abandono que alimenta la inseguridad.
Contexto en otras regiones del país
Similares preocupaciones se reportan en Santa Clara y Holguín, donde los robos y el consumo de sustancias ilícitas aumentan, en un escenario de poca presencia policial en las calles y abandono generalizado. Datos del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana revelan que en 2025 se verificaron 2.833 delitos, con un incremento del 115% respecto al año anterior, siendo La Habana una de las provincias más afectadas.
Las críticas apuntan a que las fuerzas policiales priorizan el control político, en un contexto de aumento de protestas sociales y represión. La situación refleja una desconexión entre las políticas de seguridad y la protección efectiva de los ciudadanos, en medio de una crisis que afecta a todos los niveles de la sociedad cubana.
