La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar los esquemas de seguridad a varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, incluyendo figuras cercanas a su administración y a la oposición. La medida afecta a personajes como Armando Benedetti y Antonio Sanguino, entre otros, en medio de una revisión que inició a finales de agosto de 2026.
Contexto y alcance de la decisión
Desde finales de agosto de 2026, la UNP, liderada por Didier Blanco, revisó los dispositivos de protección asignados a exfuncionarios del gobierno anterior. La lista divulgada en medios de comunicación incluye a exministros, exfuncionarios de alto nivel y personas vinculadas con la administración de Gustavo Petro, así como a figuras cercanas a la izquierda política.
Los afectados tienen un plazo de diez días para presentar apelaciones y solicitar la revisión de la decisión. La medida, según la UNP, se basa en una evaluación de la persistencia de amenazas y riesgos, además del costo que implica mantener los esquemas de protección.
Personas afectadas y antecedentes
Entre los exfuncionarios que perdieron sus esquemas de seguridad se encuentran el exministro de la Igualdad Luis Alfredo Acosta Zapata, la exministra de Ciencia Yesenia Olaya, el exministro de Trabajo Antonio Sanguino, la exministra de Comercio Diana Morales, y el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. También están el exministro de Hacienda Germán Ávila, la ex canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el exministro del Interior Armando Benedetti.
La lista incluye además a otros exfuncionarios como José Antonio Ocampo, Edwin Palma, Yeimi Carina Murcia, Otty Patiño, Jorge Lemus, Daniel Quintero, Ángela María Robledo y Jaime Dussán. La decisión también afecta a familiares y personas cercanas, como Pilar Rueda, esposa del exsenador Iván Cepeda, y activistas vinculados a procesos judiciales o de denuncia social.
Casos específicos y controversias
Uno de los casos más relevantes es el de Gabriela Muñoz, activista y creadora de contenido, quien recibió protección tras denunciar intimidaciones. Sin embargo, la UNP concluyó que no existían amenazas activas que justificaran la protección, lo que generó debate sobre la evaluación de riesgos.
Por otro lado, figuras como Juliana Guerrero, vinculada a procesos judiciales por falsificación de títulos, también perdieron su esquema de seguridad. La UNP argumentó que el costo de estos dispositivos, que alcanzaba los $40.000.000 mensuales, no se justificaba ante la reducción de amenazas.
Implicaciones y reacciones
La decisión de retirar los esquemas de protección ha generado controversia, especialmente por afectar a personas vinculadas a la administración Petro y a la oposición política. La evaluación de riesgos y amenazas continúa siendo un tema central en la política de seguridad del gobierno.
El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y otros afectados han anunciado que apelarán la decisión, mientras la UNP mantiene que sus evaluaciones son técnicas y objetivas. La medida refleja un cambio en la estrategia de protección, que busca optimizar recursos y focalizar esfuerzos en amenazas reales.
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