Un reciente reportaje de Latinus ha destapado un escándalo en el Instituto Nacional Electoral (INE) relacionado con supuestos sobornos por 1.5 millones de pesos mensuales vinculados a contratos de alimentación. La investigación se centra en el empresario José Alfredo Hernández Casillas, quien ha hecho afirmaciones sobre pagos a una red relacionada con la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.
Detalles de la investigación
Según el reportaje, Hernández Casillas, vinculado a la empresa Cajas Graf, mencionó en una conversación grabada que el grupo empresarial La Cosmopolitana estaba realizando pagos para asegurar su participación en los servicios de comedor del INE. Este grupo pertenece al empresario Jack Landsmanas, quien ha sido señalado por sus relaciones con diversas administraciones públicas.
Contrato de alimentos significativo
Uno de los puntos críticos de la investigación es un contrato firmado en abril de 2025 entre el INE y Productos Serel, también vinculado a Landsmanas. Este contrato tenía un monto máximo de 112.4 millones de pesos para servicios de alimentación, lo que plantea dudas sobre cómo se obtuvo y mantuvo dicho contrato.
Implicaciones de los sobornos
Los presuntos pagos de 1.5 millones de pesos mensuales podrían sumar 18 millones de pesos en un año, si se confirmara que se realizaron de manera continua. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas suficientes que demuestren que estos pagos efectivamente ocurrieron o que estuvieran relacionados con decisiones de contratación.
Trayectoria de Jack Landsmanas
El reportaje también examina la trayectoria de Landsmanas y los contratos que sus empresas han obtenido con instituciones públicas, siendo identificado como un contratista favorecido durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Las empresas de Landsmanas han estado involucradas en controversias, incluyendo operaciones comerciales con el gobierno de Venezuela.
Este escándalo se suma a otras grabaciones donde Hernández Casillas discute contratos y beneficios relacionados con el INE, lo que genera un clima de desconfianza sobre las relaciones entre funcionarios electorales y contratistas privados.
