Medida de arraigo impuesta a activista en Playa del Carmen desata controversia por supuesta defensa de terrenos en Puerto Aventuras
Una situación de tensión legal se ha desatado en Playa del Carmen, Quintana Roo, luego de que un juez en materia civil impusiera una medida de arraigo a la activista Fabiola Cortés Miranda. Esta medida surge tras su presunta defensa de terrenos que rodean Puerto Aventuras, en medio de acusaciones de despojo y daño ambiental.
Cortés Miranda, fundadora de la asociación civil Somos Tus Ojos, ha denunciado que esta medida es abusiva y violatoria de derechos humanos, argumentando que el juzgador accedió a imponer medidas precautorias solicitadas por un particular que afirma ser dueño de los terrenos, aunque estos hayan sido acreditados a favor de habitantes mayas.
Según relata la activista, la sociedad mercantil Four Cardinals Developments presentó una demanda por responsabilidad civil relacionada con daño moral, luego de que se hicieran públicas acciones legales contra el particular por su supuesta participación en un delito de despojo en el predio El Pocito, en Puerto Aventuras, contra pobladores de origen maya, quienes han demostrado su posesión de los terrenos.
La admisión de la demanda fue registrada el 13 de mayo en el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Municipio de Solidaridad, bajo el número de expediente 210/2024, según consta en estrados judiciales públicos.
La medida de arraigo impide a Cortés Miranda abandonar el estado de Quintana Roo, además de la incautación de sus bienes y los de los pobladores mayas en cuestión, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Cortés Miranda considera excesiva esta medida, la cual tiene su origen en diversas protestas realizadas en el predio El Pocito, ocupado por el particular para desarrollar el proyecto Amares. Este proyecto cuenta con suspensiones de amparo a favor de los pobladores mayas, quienes han acreditado sus derechos parcelarios ante los jueces federales de Cancún, según expedientes consultados.
Actualmente, la activista se prepara para una nueva batalla legal en los juzgados federales, con el objetivo de hacer valer los derechos fundamentales que afirma han sido violados, tanto para ella como para los representados de la comunidad maya.
