Nuevas Reformas Penales Reforzarán la Protección de la Tercera Edad
A partir de este jueves, Quintana Roo implementará nuevas disposiciones en materia penal que incrementan las penas para quienes cometan delitos patrimoniales y de la familia contra personas mayores de 60 años. Esta medida se enmarca dentro de las reformas aprobadas por el Congreso del Estado en mayo pasado y tiene como objetivo fortalecer la protección de los adultos mayores frente a actos delictivos como robo, violencia familiar, abigeato, delitos contra la apicultura, y fraude, entre otros.
La reciente publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo dio a conocer la adición de dos artículos al Código Penal local: el artículo 166 bis y el artículo 177 quáter. Estas nuevas disposiciones elevan las penas en un tercio para quienes cometan delitos si la víctima es una persona mayor de 60 años. Por ejemplo, el castigo por robo simple, que antes era de hasta seis años de cárcel, ahora puede alcanzar hasta ocho años si la víctima pertenece a este grupo etario, debido al incremento de dos años estipulado por la nueva normativa.
El artículo 177 quáter, en particular, se enfoca en los delitos de violencia familiar, imponiendo sanciones más severas para proteger a los adultos mayores de abusos en el ámbito doméstico.
Los legisladores que promovieron esta reforma explicaron en la exposición de motivos que el objetivo es disuadir a potenciales delincuentes al hacer más severos los castigos para los crímenes contra la población mayor. Subrayaron que los adultos mayores se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y requieren una protección especial, dado que muchas veces no tienen la capacidad de defenderse adecuadamente.
El Consejo Estatal de Población revela que en Quintana Roo residen más de 111,716 personas mayores de 60 años. De este grupo, alrededor del 40% sufre algún tipo de maltrato, frecuentemente a manos de familiares, lo que llevó a los legisladores a urgir por medidas que garanticen una mayor protección para este sector de la población. Con las nuevas reformas, el Estado busca asegurar que los delitos contra los adultos mayores sean tratados con la seriedad y el rigor que merecen, para ofrecerles una mayor seguridad y justicia.
