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domingo, julio 14, 2024

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Resolución del Amparo Indígena por el Tren Maya en Manos del Juzgado de Chetumal

El Juzgado Primero de Distrito aborda la falta de consulta a pueblos mayas en obras del Tren Maya y Puerta al Mar

El Juzgado Primero de Distrito en Chetumal ha retomado la competencia para resolver el juicio de amparo indirecto interpuesto por la falta de consulta a los pueblos mayas respecto a las obras del Tren Maya y el proyecto Puerta al Mar.

La reasignación de este caso al juzgado de Chetumal se produce tras una controversia jurisdiccional relacionada con el expediente 745/2023. Este expediente indica que la demanda fue ampliada después de su tramitación el año pasado, involucrando varios actos de autoridad que los quejosos señalan como violatorios de sus derechos.

La Demanda del Gran Consejo Maya

El Gran Consejo Maya, en representación de los pueblos indígenas de los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, ha presentado este amparo argumentando la falta de consulta indígena para la ejecución del Tren Maya. Alegan que no se respetó su derecho a la libre determinación ni se consideró la integridad de sus tierras y territorios.

Entre los actos reclamados se encuentran:

  1. La ausencia de consulta indígena ordenada y la ejecución del proyecto en detrimento de los pueblos indígenas afectados.
  2. El procedimiento de consulta indígena para la planificación, construcción y operación del Tren Maya.
  3. La ejecución, efectos y consecuencias del proyecto integral de desarrollo del Tren Maya.

El amparo tramitado por el Gran Consejo Maya no cuenta aún con ninguna suspensión, aunque presenta características especiales debido a la naturaleza de la controversia, la cual generalmente es resuelta por el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán. Sin embargo, este caso ha sido asumido por el juzgado en Chetumal.

El amparo indirecto interpuesto busca frenar las obras del Tren Maya y Puerta al Mar en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, argumentando que no se realizó la consulta obligatoria a los pueblos indígenas afectados. Este juicio refleja la preocupación de las comunidades indígenas sobre el impacto de estos proyectos en sus territorios y derechos.

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